La Oficina Anticorrupción controlará a funcionarios
La Oficina Anticorrupción (OA) investigará las actividades privadas, anteriores y posteriores al ejercicio de la función pública, con el objetivo de registrar antecedentes, vínculos, e intereses de las personas que ingresen a altos cargos en el Estado nacional.
Según se informó, el objetivo de la Oficina Anticorrupción es evitar “situaciones de conflicto de intereses” y con el fin de no “perjudicar el interés público en beneficio de intereses privados específicos”.
El registro abarcará «desde tres años antes de asumir» el cargo «y hasta un año posterior al ejercicio de sus funciones», dispone la resolución 15/2021, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous.
El artículo 1° encomienda a la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia el diseño del sistema que registrará «antecedentes, vínculos e intereses privados de las personas que ingresan a altos cargos en el Estado Nacional -hasta tres años antes de asumir el cargo-, así como también de actividades realizadas por estas personas al egreso de la función pública -hasta un año posterior al cese de funciones».
El objetivo es el «el cotejo y verificación del cumplimiento de las normas pre y post empleo público, con mecanismos de control ciudadano y transparencia activa», detalla el texto.
En tanto, el artículo 2° encomienda a la misma dirección «la proyección de medidas y la articulación con los diferentes actores públicos y privados necesarios para que el diseño, formulación, evaluación y planificación colaborativa» del sistema «pueda expresar su potencialidad».
Tal como consignó Télam, el registro había sido anunciado por Crous en el marco de una disertación que realizó hace 15 días en un seminario de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AnCham), sobre las políticas de transparencia que lleva adelante la Oficina Anticorrupción.
La medida publicada puntualiza en sus considerandos que «el ingreso y egreso a altos cargos públicos desde y hacia el sector privado, fenómeno conocido como ‘puerta giratoria’, implica riesgos de captura de la decisión pública que pueden perjudicar el interés público en beneficio de intereses privados específicos mediante el traspaso de información privilegiada o la falta de imparcialidad e independencia de criterio».