Informe lapidario a la gestión de Macri: Pobreza e indigencia energética
El Enargas dio a conocer las lapidarias cifras de los hogares que cayeron en la pobreza e indigencia energética durante la presidencia de Mauricio Macri.
En el marco del Programa de Análisis y Visualización de Datos del Servicio Público de Gas por Redes denominado “Estado del Gas”, el Enargas publicó el Informe Gráfico denominado “Hogares con Pobreza Energética. Total País 2015-2019”. Allí, explicó que se entiende por hogares con pobreza e indigencia energética «a todos aquellos que sufren serias dificultades para afrontar el pago de los servicios de energía, (gas por redes, energía eléctrica y GLP envasado o garrafa) tomando en cuenta sus ingresos mensuales».
Entonces, cuando un hogar destina el 10% o más de sus ingresos al pago de esos servicios se lo considera «energéticamente pobre, mientras que la indigencia energética afecta a aquellos que gastan el 20% o más de sus ingresos para el mismo fin».
En el 2015 había en todo el país 1.335.000 hogares con pobreza energética y desde el 2016 se observa un incremento del 103% en relación con el año anterior. Así, se registró a un total de 2.710.000 hogares pobres en materia de energía.
En al año electoral del 2017 hubo un incremento menor de la cifra y ya en 2018 con el descalabro de la economía del país los números escalaron a niveles dramáticos. Del total de 2.792.000 hogares con serias dificultades para pagar sus servicios, 1.395.000 cayeron en la indigencia, mientras que la otra mitad permanece en la pobreza energética.
Durante el 2019, la cantidad de hogares pobres energéticamente creció otra vez y alcanzó a 2.849.000, un 104% más que en 2018 pero los indigentes energéticos aumentaron a 1.425.000.
De esta manera, la suma de ambas categorías totaliza 4.274.000 hogares energéticamente pobres e indigentes en todo el país. Al trazar la comparación con 2015, la suba fue del 220% durante la presidencia de Mauricio Macri, lo que representa que desde entonces 2.939.000 hogares más entraron en esas condiciones.
«El relevamiento deja claramente expuestas las consecuencias derivadas de los nuevos cuadros tarifarios dispuestos desde el 2016, la política económica con un claro sesgo regresivo en la distribución del ingreso y los altos índices de inflación que impactaron de lleno en el poder adquisitivo de las familias», expresó en Enargas.
Asimismo, concluyó: «A ello se le debe sumar la caída de la actividad económica con la consecuente pérdida de empleo, y las modificaciones discrecionales y restrictivas en relación con los criterios de inclusión para el acceso a la Tarifa Social a nivel nacional, que entre 2017 y 2019 implicaron una disminución del 34% de beneficiarios, es decir, 591.828 usuarias y usuarios que se vieron privados de ese derecho».