5º Marcha Federal Universitaria: docentes y estudiantes vuelven a las calles por el financiamiento
La movilización se realiza un día después de que la Justicia impusiera unamulta diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con los salarios docentes y las becas estudiantiles.
La sanción judicial se suma al conflicto entre el Ejecutivo y las universidades, que reclaman una actualización de sus presupuestos y una mejora de los ingresos de quienes trabajan en ellas. La convocatoria reúne a docentes, nodocentes, estudiantes, autoridades universitarias y organizaciones sindicales y políticas.
La concentración principal será frente al Congreso de la Nación, aunque también habrá actividades y movilizaciones en distintas ciudades del país. El reclamo central es que se cumpla la ley aprobada por el Congreso y que se garanticen los recursos necesarios para sostener las clases, la investigación y el funcionamiento de las instituciones.
Las universidades públicas vuelven a movilizarse este jueves en todo el país en la quinta Marcha Federal Universitaria para exigir que el Gobierno de Javier Milei aplique la Ley de Financiamiento.
La multa judicial y el reclamo por el financiamiento universitario
El juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick dispuso este miércoles una multa de $100.000 diarios contra Santilli hasta que se cumpla la medida cautelar que ordena actualizar los salarios docentes y recomponer las becas estudiantiles.
La decisión respondió a una presentación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), después de que vencieran los plazos de los apercibimientos enviados al Gobierno. El magistrado recordó que la obligación de actualizar los recursos se apoya en un fallo de la Corte Suprema del 25 de junio de 2026, que dejó firme la cautelar.
La resolución exige tomar como referencia una inflación acumulada del 40,25% entre enero de 2023 y julio de 2025, además de contemplar los ajustes mensuales posteriores. También ordena a la Jefatura de Gabinete realizar las reasignaciones presupuestarias correspondientes.
Pese a la decisión judicial, las universidades mantienen la convocatoria y exigen que la norma se aplique de manera efectiva. Para los gremios, el conflicto no se limita al presupuesto de las instituciones: también afecta los ingresos de docentes y nodocentes y las condiciones en las que se desarrolla la actividad académica.
Cuánto reclaman los docentes universitarios
La pérdida del poder adquisitivo es uno de los principales motivos de la protesta. Desde la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) sostienen que el Gobierno acumula una deuda salarial del 32% respecto de los aumentos previstos por la ley.
«Nos deben un 32% de aumento salarial fijado por ley», sostuvo la secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, quien advirtió que la pérdida de poder adquisitivo afecta a quienes sostienen diariamente las aulas y los laboratorios.
La secretaria ejemplificó la diferencia con el salario de un ayudante de primera con dedicación semiexclusiva. Según detalló, ese cargo percibió en octubre un básico bruto de $561.659, cuando debería haber cobrado $741.111 de acuerdo con el cálculo de la organización sindical.
«El nivel de asfixia salarial al que nos están sometiendo llegó a un límite insostenible», afirmó Carboni. Además, advirtió sobre las consecuencias para el sistema universitario: «La pérdida del poder adquisitivo destruye el ingreso de miles de docentes que todos los días sostienen las aulas y los laboratorios de la universidad pública».
Los gremios también alertan sobre la salida de docentes e investigadores que buscan otros empleos ante la insuficiencia de sus ingresos. Desde AGD-UBA señalaron que más de 1.200 docentes e investigadores dejaron sus puestos en la UBA, una situación que, según el sindicato, afecta la continuidad de la enseñanza y la investigación científica.
El reclamo incluye, además, una actualización de las partidas para el funcionamiento de las universidades y un aumento de las becas estudiantiles. Las autoridades y los trabajadores advierten que el deterioro de los recursos puede comprometer tanto el desarrollo de las clases como los proyectos de investigación.
Dónde será la marcha y quiénes participan
La movilización principal se dirige al Congreso, con una convocatoria que reúne a distintos sectores de la comunidad educativa. Entre las organizaciones que anunciaron su participación están la CGT, las dos CTA, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y agrupaciones estudiantiles y políticas.
ATE convocó, además, a un paro de 24 horas para acompañar la jornada de protesta. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, sostuvo que habrá «expresiones de esta lucha en toda la Argentina».
La CGT, por su parte, defendió el papel de las universidades públicas y las definió como una herramienta para ampliar las oportunidades educativas y laborales. La central sindical expresó que defenderlas implica sostener el acceso al conocimiento y el desarrollo nacional.
La convocatoria también tendrá actividades en el interior. En Esquel, por ejemplo, la concentración está prevista para las 17 en la Plaza del Cielo, con una charla pública y otras actividades que los organizadores definirán durante la jornada.
La quinta Marcha Federal Universitaria vuelve así a poner en el centro de la discusión el financiamiento de la educación superior. Mientras la Justicia exige que se cumpla la medida cautelar y aplica sanciones por la demora, las universidades reclaman que la ley se traduzca en recursos concretos para sus instituciones, salarios y becas.